La reciente ola de leyes de verificación de edad en varios estados de Estados Unidos ha encendido un intenso debate sobre privacidad digital y derechos civiles. Inicialmente diseñadas para proteger a menores de contenido inapropiado online, estas normativas han evolucionado hacia mecanismos que amenazan gravemente la privacidad en general. Tras el objetivo de proteger a los jóvenes, se esconde un sistema que recopila grandes cantidades de datos personales, sin discriminación de edad.
En estados como California y Nueva York, las nuevas propuestas legislativas exigen verificar la edad incluso para productos considerados de uso cotidiano, como cremas de piel y aplicaciones de citas. En California, la propuesta AB-728 demanda que aquellos que deseen adquirir cosméticos con ciertos ingredientes proporcionen información personal a través de un sistema de verificación de edad. Aunque el objetivo declarado es salvaguardar la salud de los menores, existe una creciente preocupación de que estas medidas derivan en un esquema de vigilancia, exponiendo la privacidad de todos.
La situación en Nueva York no es muy distinta. La propuesta A3323 obliga a las plataformas de citas online a verificar la edad, la identidad y la ubicación de sus usuarios mediante identificaciones gubernamentales y datos geográficos. Este proceso suscita temores en torno al mal uso potencial de estos datos sensibles, aumentando los riesgos de robo de identidad y explotación de la información.
El estado de Washington también se ha sumado con el proyecto SB 5622, que limita la venta de productos dietéticos a menores, pero extiende la recopilación de información sensible a toda la población. Esta tendencia al control y vigilancia plantea una alarmante estrategia que se escuda en la protección de menores mientras compromete la privacidad de todos.
Cabe resaltar que actualmente no existen métodos de verificación de edad que garanticen total seguridad y privacidad. A menudo, estos sistemas requieren datos de identificación personal, incluyendo identificaciones oficiales o datos biométricos, lo que incrementa las posibilidades de uso indebido de la información en caso de ciberataques.
Grupos defensores de la privacidad digital ya han expresado su alarma ante estas medidas. Argumentan que, mientras parecen dirigidas a salvaguardar a los jóvenes, amenazan las libertades fundamentales, como la privacidad, la seguridad y la libertad de expresión en internet. Es necesario que, en lugar de promover sistemas de vigilancia masiva, los legisladores exploren alternativas menos invasivas que protejan de manera efectiva a todos los usuarios digitales sin sacrificar sus derechos esenciales.
A medida que el entorno digital sigue evolucionando rápidamente, es imperativo abogar por políticas que mantengan el equilibrio entre la protección y la privacidad, asegurando un espacio virtual seguro y accesible para todos. La discusión sobre cómo definir este balance debe ser prioritaria en la agenda política actual.
