El entorno político se ve sacudido por un inusual y sin precedentes juicio al fiscal general del Estado. Fuentes involucradas en el caso aseguran que se trata de un procedimiento justo e imparcial, destacando que habrían actuado de la misma manera si la persona en cuestión perteneciera a un partido político opuesto. La situación ha generado un intenso debate sobre la imparcialidad y la influencia política en las instituciones judiciales.
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