El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un decreto que desarrolla la Ley 3/2021, de 26 de julio, destinada a reconocer la autoridad del profesorado en centros no universitarios, con la intención de fomentar el respeto y la convivencia en el ámbito educativo. Este nuevo marco legal asegura que los docentes cuenten con la dignidad y seguridad necesarias para ejercer su labor, reconociéndolos como figuras clave para prestigiar la educación y promover valores como el mérito, esfuerzo y responsabilidad entre los estudiantes.
El decreto establece que los docentes serán considerados como autoridad pública, lo que implica que su testimonio gozará de presunción de veracidad y recibirán el respaldo legal adecuado en el ejercicio de sus funciones. Además, impone a los alumnos y sus representantes la obligación de respetar la autoridad del profesorado y seguir sus orientaciones para colaborar en la convivencia del centro educativo.
El nuevo marco legal también contempla el acceso a protección jurídica y apoyo psicológico gratuitos para los docentes en casos necesarios. La representación y defensa legal cubrirán tanto los procedimientos en los que el docente sea demandado como aquellos promovidos por él en defensa de sus derechos ante amenazas o agresiones. Asimismo, la Junta de Andalucía presentará casos de agresiones graves contra docentes como atentados ante la Fiscalía.
Para garantizar un entorno educativo seguro y respetuoso, se creará una Unidad de Apoyo al Profesorado en cada provincia, gestionada por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Esta unidad brindará asistencia y orientación a los docentes involucrados en situaciones conflictivas, gestionará solicitudes de asistencia jurídica y psicológica, y evaluará el grado de conflictividad para prevenir problemas futuros. La unidad también ofrecerá apoyo psicológico para superar el impacto de agresiones o conflictos en la salud y rendimiento laboral del profesorado.
Además, se promoverán campañas informativas para aumentar la valoración social de la función docente, destacándose su importancia social y estableciéndose las bases para premios y distinciones que reconozcan la labor innovadora y dedicada de los profesores. Las actividades extraescolares y situaciones que puedan vulnerar los derechos de los docentes, incluyendo el ciberacoso, también estarán amparadas por el decreto, asegurando la integridad física y moral del profesorado en todas las esferas de su ejercicio profesional.
Fuente: Junta de Andalucía.
