La legislatura de Texas se encuentra en el centro de un acalorado debate en torno a un proyecto de ley que podría transformar el panorama de la libertad de expresión en el estado. Se trata del proyecto conocido como Senado Bill 336 (SB 336), que busca modificar de manera significativa la Texas Citizens Participation Act (TCPA), una ley destacada que desde 2011 ha brindado protección contra las demandas SLAPP (Demandas Estratégicas contra la Participación Pública) con amplio apoyo bipartidista. Esta potencial modificación legisla un cambio fundamental que amenaza con debilitar las barreras que impiden que estos litigios sean utilizados para silenciar las voces de aquellos que se atreven a expresar críticas.
Las demandas SLAPP son litigios manipulativos que no buscan ganar en un tribunal, sino inmovilizar a los demandados con abrumadores costos legales. Es una táctica empleada por individuos y entidades de gran poder para disuadir a potenciales críticos, aprovechando el laberinto del sistema judicial para sofocar la discusión pública y fomentar la autocensura entre quienes temen las cargas financieras que pueden derivar de estos procesos.
Uno de los elementos centrales de la TCPA es la capacidad de detener automáticamente los procedimientos legales cuando se presenta una moción para desestimar una demanda SLAPP, mientras un tribunal considera su validez. Esta protección ha sido clave para evitar que individuos y grupos sean inmersos en costosos procesos legales simplemente por ejercer su derecho de expresión. Sin embargo, el SB 336 busca eliminar esta suspensión automática en ciertos casos apelativos de la TCPA, lo que obligaría a los demandados a continuar enfrentándose al tormento económico y emocional de un litigio mientras esperan una resolución judicial superior.
De aprobarse, el SB 336 perjudicaría no solo a activistas y periodistas, sino también a una amplia gama de ciudadanos que utilizan la TCPA para defenderse de litigios injustos. Este grupo incluye a sobrevivientes de violencia doméstica, denunciantes de corrupción, y consumidores que manifiestan honestamente sus opiniones sobre prácticas comerciales cuestionables. Con la eliminación de esta protección, se facilitaría enormemente a los demandantes con más recursos utilizar el sistema judicial como un ariete para imponer silencio.
La propuesta ha despertado una firme oposición de organizaciones como la ACLU y el Reporters Committee for Freedom of the Press, quienes ven en el SB 336 una amenaza directa a la libertad de expresión en Texas. Estas agrupaciones, junto a medios de comunicación locales y nacionales, advierten sobre el peligro de que, por cuarta vez consecutiva, la legislación intente minar una ley que tantos dependen para protegerse de represalias legales indebidas.
Los texanos tienen la oportunidad de hacer valer su voz en este proceso crucial. Se les insta a contactar a sus representantes estatales y a los miembros del Comité de Asuntos Estatales para expresar su rechazo al SB 336. La participación ciudadana es esencial para garantizar que el estado de Texas siga siendo un bastión para el libre intercambio de ideas y opiniones, sin temor a represalias legales injustas.
