El Tribunal Supremo de Justicia ha dictado un fallo crucial, que busca asegurar la continuidad administrativa del Estado y proteger la defensa nacional. Esta decisión se presenta como una medida preventiva frente a posibles escenarios de desestabilización institucional que puedan comprometer el funcionamiento gubernamental y la seguridad del país. Según el tribunal, el objetivo principal es mantener la integridad y eficiencia de la administración pública, permitiendo así que el Estado siga operando sin interrupciones y se garantice el bienestar general. La sentencia ha generado reacciones diversas, reflejando tanto apoyo como preocupación entre distintos sectores del país.
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