Un nuevo escándalo rodea a la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos tras la revelación del uso de la aplicación de reconocimiento facial Mobile Fortify. Este programa ha sido duramente criticado por una coalición de organizaciones de derechos civiles, quienes advierten que la herramienta atenta contra los derechos y la dignidad de migrantes y ciudadanos estadounidenses.
La coalición, que incluye a la Electronic Frontier Foundation (EFF), Asian Americans Advancing Justice y el Project on Government Oversight, exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que suspenda el uso de Mobile Fortify. Además, piden que la agencia publique sus análisis de privacidad acerca de la aplicación y aclare su política sobre el reconocimiento facial.
En una carta enviada por la organización EPIC, las críticas se focalizan en lo que consideran prácticas imprudentes de ICE, destacando la ausencia de consentimiento de los individuos escaneados. La carta subraya que los agentes de ICE pueden utilizar el reconocimiento facial como una prueba determinante del estado migratorio de una persona, incluso cuando existe evidencia en contrario. Esta práctica es particularmente preocupante, ya que se han reportado casos en los que ciudadanos estadounidenses fueron considerados sujetos a deportación debido a errores en las confirmaciones biométricas.
Mobile Fortify no solo realiza reconocimiento facial sin consentimiento pleno, sino que también tiene acceso a numerosas bases de datos gubernamentales. Existen inquietudes sobre la posibilidad de que agentes federales empleen esta tecnología para identificar y perseguir a manifestantes que participan en actividades protegidas bajo la Primera Enmienda. Pese a estos riesgos, ICE ha declarado que no consideró necesario realizar una nueva Evaluación de Impacto en la Privacidad, un procedimiento estándar para tecnologías que recopilan datos personales.
La EFF ha vigilado el desarrollo de estas tecnologías desde hace más de diez años. En 2013, advirtió sobre el uso de dispositivos con reconocimiento facial entregados a agencias de aplicación de la ley, incluidas las de inmigración. En 2019, trabajó para lograr la aprobación de una ley que prohibió temporalmente la recolección de datos biométricos a través de dispositivos móviles, llevando a la suspensión de un programa similar.
La comunidad de derechos civiles reafirma su compromiso en la lucha contra el uso de tecnologías de reconocimiento facial por parte de agencias de inmigración, con el objetivo de proteger la privacidad y los derechos de todos los individuos.
