El Colectivo de Defensores Saharauis de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental (CODESA) ha denunciado este miércoles un incremento en las violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes desde la ruptura del alto el fuego en noviembre de 2020. A través de un informe que abarca desde 1975, CODESA detalla arrestos políticos, allanamientos y restricciones a la libre circulación de ciudadanos saharauis. Además, señala el continuo acoso a defensores de derechos humanos mediante espionaje y campañas de difamación. El informe también subraya una «responsabilidad jurídica y política» de España en el conflicto, abogando por una mayor supervisión de derechos humanos por parte de la ONU. A pesar de la reciente resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que considera el plan de autonomía marroquí como una base para resolver el conflicto, se reconoce el derecho a la autodeterminación saharaui.
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