El sistema de dependencia en Andalucía es un pilar fundamental que sostiene a más de 300.000 personas que requieren atención para vivir de manera digna. Este sistema apoya a personas mayores, enfermos crónicos y aquellas con diversidad funcional, brindando servicios vitales como teleasistencia, atención domiciliaria y cuidados familiares. Sin embargo, a pesar de su gran importancia, la financiación de este sistema no es equitativa ni justa.
Desde la implementación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en 2006, el financiamiento se ha convertido en motivo de constantes conflictos entre el Estado y las comunidades autónomas. La ley establece un reparto del 50% de los costes por parte del Gobierno de España, pero en la práctica, esta garantía nunca se ha cumplido eficientemente. Como resultado, comunidades como Andalucía han tenido que cargar casi en solitario con la sustención del sistema.
De acuerdo con datos de la Consejería de Inclusión Social, Familias e Igualdad, la Junta de Andalucía aporta actualmente más del 68% del gasto total, mientras que el Gobierno central solo cubre un 31,9%. Esto se traduce en que de los 2.331 millones de euros que requiere el sistema, 1.587 millones provienen del Gobierno andaluz, frente a 743 millones del Gobierno central. Esta carga adicional se ha traducido en una deuda histórica que, desde 2019, supera los 5.000 millones de euros.
La desigualdad en la financiación se agudiza al comparar Andalucía con otras comunidades, a pesar de ser la región con el mayor número de beneficiarios y prestaciones reconocidas. El malestar aumentó tras un acuerdo firmado en abril de 2025 entre el Gobierno de España y el País Vasco, donde se comprometió a cubrir, de forma progresiva hasta 2027, el 50% del gasto en dependencia en esta región. Este pacto ha sido visto en Andalucía como un agravio, ya que se considera que se están violando los principios de igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución y en la propia Ley de Dependencia.
A pesar de estas adversidades, la situación ha mostrado mejoras significativas en el servicio de dependencia en Andalucía. La inversión por persona atendida ha aumentado un 29,56%, pasando de 5.940 euros en 2018 a 7.696 euros en la actualidad. En 2024 y 2025, Andalucía reportó cifras récord con más de 302.000 beneficiarios y 455.000 prestaciones concedidas. Además, el tiempo de resolución de solicitudes se ha reducido drásticamente de más de tres años y medio a una media de 574 días, gracias a mejoras estructurales en la gestión.
No obstante, la falta de una reforma en el modelo de financiación pone en riesgo la sostenibilidad de estos logros. La ley establece un principio de cofinanciación, pero no especifica con claridad la obligación del 50% estatal. Esto ha permitido que el modelo de distribución beneficie desproporcionadamente a algunas comunidades en detrimento de otras, generando un tratamiento desigual que exacerba las tensiones territoriales.
Desde la Junta de Andalucía, la exigencia es clara: el Estado debe garantizar anualmente el 50% del gasto que certifique la comunidad. No hacerlo no solo perpetúa un modelo injusto, sino que también penaliza a los andaluces por motivos de naturaleza política. Organizaciones como la de Directores y Gerentes de Servicios Sociales han alertado sobre la reducción del esfuerzo estatal en la financiación, enfatizando que Andalucía ha realizado sustanciales inversiones con fondos propios en este sector.
El sistema de dependencia en Andalucía, uno de los más complejos y avanzados del país, enfrenta retos significativos debido a la infrafinanciación estatal. A pesar de los esfuerzos continuos del Gobierno andaluz, la falta de un compromiso real del Estado para asumir el 50% del gasto amenaza la equidad y los derechos de miles de personas vulnerables. Este no es solo un asunto presupuestario, sino una cuestión de justicia social y equidad territorial que debe ser abordada urgentemente para cerrar la brecha de desigualdad que afecta a esta comunidad.
Fuente: Partido Popular Andalucía
