El Salón Regio fue el escenario de la última sesión plenaria ordinaria de 2025, presidida por la diputada Almudena Martínez. En esta reunión, la Corporación Provincial abordó importantes temas de actualidad, desde el sector de la pesca artesanal hasta la rehabilitación de viviendas y cuestiones laborales, poniendo énfasis en el bienestar de los municipios.
Uno de los puntos destacados fue la aprobación unánime de tres operaciones económicas que suman un total de 70 millones de euros. Este importe tiene como objetivo anticipar a los ayuntamientos que forman parte del Servicio Provincial de Recaudación hasta el 75% de lo que se prevé recaudar en concepto de impuestos IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) e IAE (Impuesto sobre Actividades Económicas). Las pólizas de crédito serán formalizadas con diferentes entidades: 15 millones de euros con Caja Rural del Sur, 50 millones con Unicaja y 5 millones con Bankinter. Es relevante señalar que estas operaciones no generarán carga financiera para la Diputación y no afectarán a los límites establecidos por la normativa de haciendas locales. Según el vicepresidente primero, Juancho Ortiz, esta práctica es habitual y busca ayudar a los ayuntamientos, independientemente de su color político, a cumplir con sus compromisos económicos.
El Pleno también evidenció el compromiso con los problemas de vivienda. El Grupo Socialista expuso la crítica situación de las viviendas de protección oficial en la urbanización La Colada, en Alcalá del Valle. Estas construcciones, con más de 30 años, presentan “patologías graves” que ponen en riesgo a sus residentes. En este sentido, se acordó de manera unánime instar a la Junta de Andalucía a llevar a cabo su rehabilitación.
Por otro lado, el Grupo de Izquierda Unida, liderado por Ramón Galán, pidió apoyo para las trabajadoras de limpieza de la Universidad de Cádiz, quienes se encuentran en un conflicto laboral por lo que consideran un “ERE encubierto”. La solicitud para que la universidad medie en la negociación fue aprobada, aunque con la abstención del PP, que argumentó que la Diputación carece de competencias en este ámbito.
El diputado Sebastián Hidalgo, del Grupo La Línea 100×100, puso de manifiesto el “insuficiente” desarrollo del Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Noroeste, señalando la pérdida de oportunidades para los municipios de la zona. El Pleno acordó reafirmar el compromiso con la reactivación de este plan y la actualización de sus directrices para responder a los retos actuales.
En el ámbito pesquero, se aprobó un acuerdo para considerar la “emergencia socioeconómica” que atraviesa el sector artesanal, reclamando la inclusión de las flotas de Conil, Barbate y La Atunara en el reparto de atún rojo. La propuesta generó un debate entre los grupos, especialmente en lo que respecta a la inclusión de las almadrabas, lo que resultó en una discrepancia de votos.
Además, la sesión incluyó la aprobación de incrementos retributivos para el personal de la Corporación, así como la prórroga del acuerdo sobre jubilaciones anticipadas, permitiendo también el reconocimiento extrajudicial de varias facturas por diferentes importes.
Al finalizar la sesión, la portavoz de la Federación de Asociaciones de Vecinos Chiclana Norte solicitó atención a la “falta de seguridad” de la carretera de El Marquesado. En respuesta, el diputado de Cooperación, Javier Bello, explicó las inversiones realizadas y la necesidad de reevaluar la titularidad de la carretera, sugiriendo que podría pasar a ser gestionada por el Ayuntamiento de Chiclana.
Este último Pleno del año no solo reflejó la gestión administrativa de la Diputación de Cádiz, sino también su compromiso con el desarrollo social y económico de la provincia.
Fuente: Diputación de Cádiz.
