El año 2025 ha sido un período crucial para la legislación tecnológica en Estados Unidos, donde diversas iniciativas estatales han mantenido en vilo a defensores de derechos digitales. Desde la costa oeste en Washington, hasta las islas hawaianas y las cálidas playas de Florida, se han llevado a cabo desarrollos significativos que abordan la reparación de dispositivos, la privacidad y la regulación de la inteligencia artificial.
Washington ha destacado al promulgar una ley que consagra el derecho a reparar, uniéndose así a otros siete estados en la defensa del consumidor y la sostenibilidad tecnológica. Entretanto, varias jurisdicciones han adoptado medidas para proteger la privacidad de los datos de ubicación, reconociendo la importancia de resguardar información que trasciende la simple localización geográfica. En ese mismo espíritu, California ha facilitado el ejercicio de derechos bajo su ley de privacidad de datos, asegurando una mayor protección de la información personal de sus ciudadanos.
No obstante, el año no ha estado exento de intentos legislativos igualmente polémicos, que han suscitado preocupación entre los defensores de la privacidad. En Florida, un controvertido proyecto de ley buscaba crear una puerta trasera que habría permitido a las fuerzas del orden acceder a mensajes cifrados de menores. Aunque esta propuesta no prosperó, subraya el potencial peligro que ciertas legislaciones pueden representar para los derechos digitales.
La verificación de edad en línea ha sido otro tema candente, con nuevas leyes en consideración que, aunque piensan proteger a los menores, podrían forzar a todos los usuarios a verificar su identidad, implicando una masiva recolección de datos personales y limitando el acceso a contenidos.
Además, hay un renovado interés de los legisladores por restringir el uso de redes privadas virtuales (VPN), herramientas vitales para proteger la privacidad online y el acceso a información de usuarios que buscan esquivar restricciones sobre contenidos.
En este contexto complejo, los defensores de derechos digitales están comprometidos en un arduo trabajo colaborativo para contrarrestar legislaciones perjudiciales y fomentar políticas que promuevan la privacidad y la libertad de expresión en la era digital. Esta labor constante busca equilibrar la intención de seguridad con la imperativa protección de los derechos en el ámbito cibernético.
