En medio de un clima de creciente preocupación por los derechos de autor y el auge de la inteligencia artificial generativa, un asunto que promete remodelar el vínculo entre los proveedores de servicios de internet (ISP) y la propiedad intelectual ha alcanzado la Corte Suprema de Estados Unidos. La cuestión central del caso es si los ISP deben asumir el rol de guardianes de los derechos de autor. Una decisión en este sentido podría impactar profundamente a los usuarios, al permitir potencialmente que los ISP suspendan el acceso a internet de sus clientes basándose en simples acusaciones de infracción.
El núcleo del debate reside en el concepto de “responsabilidad secundaria”, el cual estipula que una entidad puede ser responsable no por sus propias acciones, sino por aquellos actos que otros realicen utilizando su servicio. Este caso surgió cuando compañías discográficas demandaron a Cox Communications, argumentando que el proveedor debía rendir cuentas por las infracciones de derechos de autor realizadas por algunos de sus usuarios. La Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito apoyó esta postura, empleando un estándar de “contribución material” para la responsabilidad por infracción contributiva. Según este estándar, ofrecer un servicio que podría utilizarse para infringir derechos es suficiente para establecer responsabilidad si un usuario efectúa tal infracción.
Las implicaciones de aceptar esta interpretación serían significativas para el público general. Bajo la presión de las estrictas penalidades que establece la legislación de derechos de autor, los ISP podrían verse obligados a cancelar cuentas con solo recibir notificaciones de infracción, sin examinar si el propietario de la cuenta cometió alguna falta. Esto podría desencadenar la desconexión de usuarios inocentes, con efectos colaterales sobre comunidades enteras, incluyendo bibliotecas, instituciones educativas, hospitales y hogares que comparten enlaces de internet.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con la Asociación Americana de Bibliotecas, han presentado escritos amicus curiae solicitando a la Corte Suprema que revoque la decisión del Cuarto Circuito. Estos grupos argumentan que, alineándose con el precedente del derecho de patentes, la responsabilidad contributiva debería aplicarse únicamente cuando un producto no posea un uso legítimo significativo. Dado que la mayor parte del acceso a internet se utiliza de forma legal, los ISP no deberían ser considerados responsables bajo este precepto.
La máxima corte celebró una audiencia sobre el asunto el pasado 1 de diciembre, donde varios magistrados manifestaron inquietud por las consecuencias de la decisión del Cuarto Circuito. Durante los debates, se sugirió la posibilidad de que las universidades reduzcan la velocidad de internet para gestionar el problema, una medida que podría perjudicar gravemente la investigación y otras actividades académicas que dependen de conexiones óptimas. La decisión final sobre el caso se espera en los próximos meses, con expectativas de que la Corte no ampare la estricta normativa propuesta por la corte de apelaciones.
