En España, no existe obligación legal para que los propietarios revelen si un inmueble fue escenario de un crimen, lo que complica su venta y reduce significativamente su valor. Viviendas como la de Rosario Porto en Teo, donde su hija Asunta Basterra fue asesinada, o el adosado en Majadahonda, ligado a un macabro asesinato, son difíciles de vender debido al estigma, sufriendo devaluaciones de hasta un 50%. La ocultación de esta información puede afectar la reputación de las agencias inmobiliarias, aunque algunas eligen ser transparentes para facilitar las ventas. En Estados Unidos, aunque tampoco hay requerimientos legales, servicios como Died in House permiten verificar si ocurrieron fallecimientos en una propiedad. Crímenes notorios, como el de los hermanos Menéndez o el asesinato de Sharon Tate, han impactado el mercado inmobiliario, influyendo en el valor y alquiler de estas propiedades.
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