La Ley de Segunda Oportunidad (LSO), vigente desde 2015 y sometida a una reforma en 2022, emerge como un salvavidas para ciudadanos y autónomos ahogados por deudas insostenibles. Esta normativa permite la exoneración total o parcial del pasivo acumulado de quienes han demostrado buena fe y carecen de recursos suficientes para afrontar sus obligaciones. Sin embargo, casi diez años después de su implementación, el desconocimiento sobre esta herramienta es alarmante. Un estudio reciente de Legálitas revela que el 63% de los españoles desconocen su existencia, aunque un 30% afirma haber oído hablar de ella y un 7% ha optado por acogerse a sus beneficios para intentar estabilizar su situación financiera.
La LSO ofrece dos caminos para los deudores: la exoneración del pasivo insatisfecho, que podría implicar la liquidación de bienes o no, dependiendo de si se poseen activos realizables; y la implementación de un plan de pagos adaptado a la capacidad económica del solicitante, que requiere la aprobación judicial. Para elegir cualquiera de estas rutas, es crucial que el solicitante se declare insolvente, es decir, que sus deudas superen sus ingresos al extremo de tornar imposible el cumplimiento de sus compromisos financieros. Asimismo, es requisito sine qua non la carencia de antecedentes penales económicos y que los bienes destinados a la liquidación estén libres de cargas.
El proceso de solicitud de esta ley exige la presentación de un escrito inicial ante el juzgado pertinente, que debe contar con la firma de un abogado y un procurador. La intrincada naturaleza del procedimiento ha impulsado a Legálitas a recomendar que los interesados busquen asesoría especializada para evaluar adecuadamente su situación y recibir orientación práctica.
La creciente inquietud acerca de cómo lidiar con las deudas ha resultado en un flujo constante de consultas hacia Legálitas, con decenas de llamadas semanales de personas ávidas por entender sus posibilidades frente a las dificultades económicas. A medida que más individuos buscan una salida digna, la Ley de Segunda Oportunidad podría representar no solo una solución tangible, sino también una herramienta transformadora para aquellos atrapados en el ciclo de la insolvencia.
