La reciente adopción del sistema de facturación electrónica obligatoria en España, diseñada para luchar contra la morosidad y aumentar la transparencia en las transacciones comerciales, ha captado la atención de empresas y autónomos. Este plan, promovido por la Ley Crea y Crece desde 2022, requiere que, a partir del 1 de julio de 2025, las empresas con ingresos inferiores a seis millones de euros reporten sus facturas electrónicamente a Hacienda a través de un sistema conocido como Verifactu. Este paso hacia la digitalización total de la facturación y gestión contable aspira a mejorar la eficiencia y combatir el fraude fiscal.
La transición hacia la factura electrónica, que tiene la misma validez legal que las facturas tradicionales en papel, evidencia un cambio legislativo significativo en el país, impulsando la obligatoriedad de este sistema para 2024. Esto pretende simplificar las obligaciones administrativas de los contribuyentes, móvilizando a la comunidad empresarial hacia prácticas más eficientes y transparentes.
El sistema Verifactu, detallado en el Real Decreto 1007/2023 del 5 de diciembre, garantiza la integridad y la inalterabilidad de las facturas enviadas a la Agencia Tributaria. Además, el sistema busca simplificar el proceso de envío mediante un formato electrónico estructurado, minimizando errores, optimizando recursos y contribuyendo a la reducción del uso de papel.
Pese a que la implementación de la factura electrónica y del sistema Verifactu puede suponer un reto, especialmente para pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos, ofrece importantes ventajas. Entre ellas, un ahorro económico en costos de impresión y envío, mejoras en la eficiencia operativa y una contribución significativa a la sostenibilidad ambiental. Asimismo, se espera que este sistema posibilite un control fiscal más eficiente y facilite interacciones más ágiles con la administración pública.
Para adaptarse al nuevo sistema, las empresas deberán seleccionar un software compatible que cumpla con las especificaciones de Verifactu, incluyendo el manejo de facturas con código QR y el registro de eventos. Esta transición normativa no solo elimina la facturación tradicional en transacciones B2B, sino que también establece un estándar más riguroso para asegurar la integridad, legibilidad y autenticidad de las facturas electrónicas. Los tiempos de implementación variarán según el volumen de facturación de cada empresa, ofreciendo un margen adecuado para la adaptación.
Con estas medidas, el gobierno busca no solo modernizar el sistema de facturación de España, sino también fomentar la digitalización y dotar a las empresas de herramientas eficientes para el cumplimiento fiscal y la lucha contra la economía sumergida. De esta manera, se perfila una nueva era en la gestión empresarial, marcada por una mayor transparencia y eficiencia.
