La reciente reforma de los subsidios por desempleo, implementada por el Real Decreto Legislativo 2/2024, ha introducido cambios sustanciales en el sistema de prestaciones en España. Desde su entrada en vigor el 1 de noviembre de 2024, el sistema se ha simplificado drásticamente, reduciendo el número de subsidios a tan solo cinco categorías clave. Uno de los principales requisitos para optar a estas ayudas es que el solicitante se mantenga registrado como demandante de empleo y que sus ingresos mensuales propios no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Actualmente, con el SMI fijado en 1.221 euros para febrero de 2026, el umbral de ingresos se sitúa en aproximados 916 euros al mes.
Este cambio en la estructura de los subsidios viene acompañado de una modificación en el modo de entrega del monto a los beneficiarios. En contraste con el sistema anterior, donde existía un estándar fijo de 480 euros mensuales, la nueva reforma plantea una cuantía inicial más alta que se irá reduciendo con el tiempo. Esta medida busca incentivar la búsqueda activa de empleo entre los beneficiarios y evitar el estancamiento en el uso de las prestaciones.
Los cinco tipos de subsidios disponibles tras la reforma comprenden el subsidio por cotización insuficiente, el destinado a mayores de 52 años, el otorgado por responsabilidades familiares, el especial de vulnerabilidad y el reciente Complemento de Apoyo al Empleo (CAE). Este último destaca por permitir que los beneficiarios puedan compatibilizar la percepción del subsidio con la realización de un trabajo, ya sea a tiempo parcial o completo, fomentando una transición al empleo estable.
Con la entrada en vigor de la reforma, la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario de Desempleo (SED) han sido eliminados del esquema, aunque quienes ya los percibían antes de noviembre de 2024 continuarán recibiéndolos hasta el final de su periodo de vigencia bajo las antiguas condiciones. Además, se recuerda a los desempleados que existen otras formas de ayuda disponibles, gestionadas por las comunidades autónomas, y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para aquellos que demuestren una significante vulnerabilidad económica.
Las autoridades han instado a las personas desempleadas que atraviesan situaciones complicadas a acercarse al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para recibir una orientación personalizada que les permita identificar y solicitar el subsidio más adecuado a sus circunstancias. Esta atención individualizada busca asegurar que ningún solicitante de ayuda quede desamparado y pueda acceder a las prestaciones que le corresponden según la normativa vigente.
