En una operación coordinada por la Comisaría General de Información y bajo mandato de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional ha arrestado a dos jóvenes de 19 años acusados de filtrar datos personales de figuras públicas en diversas plataformas digitales. Los implicados fueron detenidos en Cruce de Arinaga, Gran Canaria, y están envueltos en un caso relacionado con terrorismo informático y amenazas a instituciones del Estado.
Los jóvenes, identificados como Yoel O.Q. y Cristian Ezequiel S.M., operaban bajo los pseudónimos “Akkaspace” y “Pakito”. Utilizaban redes como Telegram, YouTube y más para divulgar información sensible de políticos, periodistas y ciudadanos, fomentando campañas de acoso digital. Sus acciones, según las autoridades, representaban una especie de «venganza digital» dirigida principalmente a figuras de izquierda, valiéndose de alias provocativos para agravar el impacto.
Las investigaciones mostraron que el dúo actuaba a cara descubierta, sin sofisticación técnica, facilitando así su captura. Desde sus plataformas, publicaban datos personales y mensajes ofensivos incitando al acoso, describiendo sus acciones como respuestas a supuestos casos de corrupción. El canal en Telegram, originalmente llamado “Etarras”, fue una clave en su operación también promocionaba supuestos servicios de doxing.
Una vez arrestados, la policía eliminó o alteró sus perfiles en redes, borrando pruebas, aunque gran parte del contenido había sido archivado por expertos en ciberseguridad. Durante los registros aprobados por el Juzgado Central de Instrucción, se incautaron diversos dispositivos electrónicos que ahora están bajo análisis exhaustivo.
El caso subraya la amenaza real del doxing y el desafío que representa para la seguridad digital. A pesar de contar con baja sofisticación, sus acciones causaron un impacto significativo y reavivan el debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales.
Los arrestos muestran que, aunque la impunidad digital es un problema, con la intervención adecuada, los infractores pueden ser identificados y llevados ante la justicia. El caso de “Akkaspace” y “Pakito” refleja no solo el peligro de las redes desreguladas sino también que los rastros digitales, tarde o temprano, llevan a la ley.
