El Gobierno español ha implementado un cambio significativo en la normativa laboral que restringe los despidos, especialmente protegiendo a ciertos grupos de trabajadores. La nueva legislación considera nulo el despido en casos de suspensión del contrato por nacimiento, adopción, acogida o riesgo durante el embarazo y la lactancia, así como para trabajadoras embarazadas y víctimas de violencia de género. También se incluyen aquellos que soliciten permisos relacionados con el cuidado de hijos o reducción de jornada por razones de salud. Este movimiento busca ofrecer mayor estabilidad en un mercado laboral complicado por la crisis económica y la presión fiscal, marcando un hito en la protección de los derechos laborales en España.
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