La Junta de Andalucía ha tomado medidas contundentes para detener la expansión de una urbanización ilegal en la zona conocida como Ribera de La Oliva, en Barbate (Cádiz). Este significativo despliegue ha implicado la orden de suspensión de uso y el precinto de 53 parcelas ubicadas en suelo rústico, un área de especial protección debido a su cercanía a las Marismas de Barbate y el Parque Natural La Breña.
La intervención ha sido llevada a cabo por el servicio de inspección urbanística de la Consejería de Fomento, junto con el apoyo del Seprona de la Guardia Civil, la Policía Autonómica y la Policía Local. Esta área, estratégicamente situada en la zona de influencia litoral y en contacto con la Zona de Servidumbre de Protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, ha sido objeto de medidas similares desde 2021, lo que demuestra una problemática recurrente en el lugar.
Las recientes acciones de precinto han sido anunciadas en los últimos meses y han evidenciado la existencia de 53 nuevas parcelas ilegales. En estas parcelas, los propietarios habían iniciado la construcción de viviendas, muchas de las cuales eran prefabricadas, sin contar con los permisos necesarios. Cabe destacar que esta actividad se realizaba de manera consciente, dado que las intervenciones anteriores ya habían recibido una cobertura mediática significativa.
La Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Agenda Urbana ha ordenado la suspensión inmediata de todas las obras y el uso de las edificaciones en estas parcelas. Las notificaciones, enviadas en marzo del presente año, citaban a los propietarios para informarles y reforzar el conocimiento sobre la ilegalidad de sus acciones.
La junta está comprometida con la preservación medioambiental de la región y ha señalado que las edificaciones ilegales pueden causar serios daños debido al vertido descontrolado de residuos. Asimismo, se destaca el riesgo de inundaciones, especialmente en los lotes cercanos a las Marismas de Barbate, creando un peligro latente para los propietarios.
Los procedimientos sancionadores están en plena sintonía con la Fiscalía provincial de Cádiz, enfocándose no solo en los parceladores, sino también en los compradores, según lo estipulado por la nueva Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA). Este marco legal ha fortalecido la capacidad de la Junta para abordar infracciones en suelos rústicos, permitiendo una acción preventiva más decisiva.
Este caso se suma al récord de intervenciones de la Junta en 2024, con 2.149 actuaciones y casi 500 precintos, registrando un aumento notable en las inspecciones y sanciones respecto a 2018. La intensificación de estas medidas refleja el compromiso de las autoridades por salvaguardar el territorio andaluz de la ocupación ilegal e indiscriminada.
Fuente: Junta de Andalucía.
