En el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, un conjunto de organizaciones han expresado su preocupación por las medidas que están siendo implementadas bajo el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Estas entidades alegan que las acciones actuales debilitan derechos y garantías establecidas en el derecho internacional, el acervo europeo y las normativas nacionales. Entre los derechos que mencionan se encuentran el derecho a solicitar asilo, la protección frente a las devoluciones, el acceso a una defensa jurídica efectiva, el derecho a la información, la protección a la salud integral, y el cuidado de las personas más vulnerables.
De acuerdo con las organizaciones, una de las principales preocupaciones es la consolidación de un modelo de externalización del control migratorio hacia terceros países, lo cual no asegura el cumplimento de los derechos humanos. El concepto de «tercer país seguro» es especialmente preocupante, ya que permite denegar una solicitud de asilo si la persona pudo haber solicitado protección en otro país considerado seguro, lo cual puede contravenir las normas internacionales sobre refugiados.
Además, destacan los impactos negativos potenciales sobre la infancia migrante y solicitante de protección internacional. También alertan sobre un aumento en el uso de procedimientos de control y evaluación rápida con datos biométricos, que podrían incrementar la criminalización y el racismo institucional.
Las organizaciones también critican el acuerdo de «solidaridad flexible», en el que los Estados miembros podrían financiar proyectos de control migratorio en lugar de reubicar a las personas necesitadas, argumentando que no reemplaza un verdadero sistema de solidaridad y acogida.
Por otra parte, valoran la negativa del Gobierno español hacia el Reglamento de Retorno de la UE que facilitaría los retornos de personas en situación irregular. Sin embargo, están alarmadas ante la participación de la agencia de cooperación española FIAP en la creación de dos centros de recepción en Mauritania, donde se podría privar de libertad a menores de edad.
Finalmente, exigen transparencia y participación de la sociedad civil en el proceso, dado el impacto jurídico, político y social del acuerdo. Sin canales legales seguros y un compromiso de reasentamiento, advierten que el PEMA podría fracasar desde un punto de vista humanitario.
Entre las organizaciones que firman estas declaraciones se encuentran Amnistía Internacional, Save the Children, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, entre otras.
Fuente: Federación Andalucía Acogel.
