El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos. En una carta dirigida al ministro de Justicia, Félix Bolaños, solicitó su cese, enfatizando su respeto por las resoluciones judiciales y su intención de proteger a la Fiscalía española. El cese debe ser ratificado por el Consejo de Ministros y publicado en el BOE. Mientras, Ángeles Sánchez Conde asumirá las funciones del fiscal general. El gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ya trabaja en el nombramiento de un sucesor de perfil progresista para reemplazar a García Ortiz, quien ha sostenido su inocencia en todo momento. El fallo del Supremo no admite apelaciones ordinarias, aunque García Ortiz podría recurrir al Tribunal Constitucional alegando vulneración de derechos fundamentales. La decisión del tribunal fue más benigna de lo esperado, ya que las acusaciones solicitaban penas más severas.
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