La Cámara de Diputados de México ha aprobado en lo general la reforma a la Ley de Amparo impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el apoyo de los aliados morenistas, a pesar de las críticas de la oposición por un supuesto «fraude». La reforma enfrenta resistencias debido a su cláusula de retroactividad, lo que ha llevado a una serie de enmiendas y discusiones entre los legisladores. Olga Sánchez Cordero, exministra y diputada del partido oficialista, se abstuvo de votar, advirtiendo que la nueva norma podría restringir el acceso a la justicia constitucional. La reforma, en palabras de los críticos, busca facilitar la recaudación fiscal, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, mientras el debate sobre su legitimidad y métodos continúa intensamente en el ámbito legislativo.
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