Cuatro años después de la invasión de Ucrania, el régimen ha intensificado sus mecanismos de control sobre la población, en respuesta a la creciente presión económica y las significativas pérdidas en el frente de batalla. A medida que las sanciones internacionales continúan afectando la economía, el gobierno se enfrenta al desafío de mantener la estabilidad interna mientras busca justificar su prolongada campaña militar. La sociedad, bajo vigilancia creciente, experimenta restricciones que profundizan el descontento, alimentando una sensación de incertidumbre sobre el futuro del conflicto y sus implicaciones internas.
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