La desigualdad en la mortalidad materna y la salud infantil continúa siendo un desafío apremiante en América Latina y el Caribe, donde las cifras más recientes revelan desconcertantes disparidades en el acceso y calidad de los servicios de salud. Un informe conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha dado la voz de alarma, subrayando que las tasas de mortalidad materna en los sectores más pobres son hasta siete veces superiores comparadas con las de los grupos más favorecidos económicamente.
El panorama no es menos sombrío para los niños menores de cinco años, quienes en entornos desfavorecidos se enfrentan a un riesgo 4,5 veces mayor de morir que aquellos que crecen en familias con mayores recursos. Esta estadística resalta las profundas desigualdades en la región, donde la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos continúan cobrando una elevada factura de vidas.
Las enfermedades crónicas, un flagelo creciente en las sociedades contemporáneas, también muestran una notoria brecha socioeconómica. Las personas en los segmentos de menores ingresos sufren un 46% más de probabilidades de morir entre los 30 y 69 años debido a estas patologías. A esto se suma un llamativo dato de 2019 que reveló que la mortalidad relacionada con agua insalubre, deficientes condiciones de saneamiento y falta de higiene es casi seis veces mayor en el quintil más bajo de ingresos.
El informe no solo hace hincapié en estas crudas estadísticas, sino que también señala la imperiosa necesidad de aumentar el gasto público en salud. En 2021, este gasto alcanzó únicamente el 4,5% del PIB, cifra que queda por debajo del objetivo mínimo del 6% establecido por la OMS. La financiación insuficiente del sector público se traduce en una carga desproporcionada sobre los hogares, que debieron cubrir más del 28% de sus gastos en salud mediante pagos directos.
Jarbas Barbosa, director de la OPS, destacó que cerca del 30% de la población en la región no recibe la atención médica adecuada. En respuesta a esta situación crítica, Barbosa instó a los gobiernos a invertir «más y mejor» en la infraestructura sanitaria, el personal y la tecnología de salud. Mientras tanto, José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, destacó los persistentes problemas de financiamiento y la fragmentación de los sistemas de salud, argumentando que es vital transformar el modelo de desarrollo hacia uno más inclusivo y sostenible.
Estas cifras y declaraciones pintan un cuadro claro: la región se enfrenta a un obstáculo urgente y prolongado que requiere no solo la intervención gubernamental sostenida, sino también un replanteamiento profundo de cómo se distribuyen y manejan los recursos en salud para asegurar un acceso equitativo para todos sus ciudadanos. La protección social y el bienestar universal deben ser pilares fundamentales en el avance hacia un futuro más saludable y equitativo para América Latina y el Caribe.
