En España, la existencia de colonias felinas en áreas urbanas y rurales confronta el debate sobre su impacto en los ecosistemas insulares de Baleares y Canarias. Mientras estas colonias son cuidadas por voluntarios mediante programas de alimentación y esterilización, entidades ecologistas de ambos archipiélagos han solicitado prohibirlas en espacios protegidos. Alegan que los gatos, considerados una especie invasora según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, depredan la fauna local, poniendo en riesgo la biodiversidad. Esta postura choca con la Directriz técnica del Ministerio de Derechos Sociales, que propone la gestión de colonias felinas bajo la Ley 7/2023 de protección animal, argumentando que no contempla adecuadamente la vulnerabilidad de las faunas insulares.
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