El repentino aplazamiento del sistema Verifactu por parte del Gobierno ha generado inseguridad jurídica entre los empresarios, según advierten Miguel Ángel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y Agustín Fernández, del Registro de Economistas Asesores Fiscales. La prórroga de un año para la implementación del sistema de verificación de facturas electrónicas ha obligado a muchas empresas a reprogramar tareas, revisar inversiones tecnológicas y enfrentar costes adicionales. Aunque el aplazamiento ofrece un respiro para quienes aún estaban en fase de adaptación, la modificación de plazos a última hora complica la organización interna y genera dudas sobre la estabilidad del marco normativo, afectando especialmente a los negocios con menos capacidad administrativa. Los expertos destacan la importancia de mantener los plazos normativos estables para que las empresas puedan planificar con seguridad.
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