Estados Unidos ha decidido otorgar a TSMC la capacidad de exportar equipos de fabricación de chips con tecnología estadounidense a China, bajo un sistema de licencias anuales. Este movimiento apunta a una estrategia de regulación más afinada: aunque se introducen más controles, la idea es minimizar el impacto inesperado en la industria global de semiconductores.
El Departamento de Comercio de EE. UU. ha concedido a TSMC un permiso para enviar equipos específicos a su planta en Nanjing, China. Sin embargo, esta autorización no es definitiva; se trata de un permiso anual que otorga la capacidad de monitorear y ajustar las condiciones de exportación de acuerdo a las necesidades políticas y administrativas. Esto implica que, si bien la planta en Nanjing, que contribuye con un 2,4% de los ingresos de TSMC, puede mantener su operación, lo hará bajo un escrutinio constante.
Este replanteamiento regulatorio no es exclusivo de TSMC. Recientemente, Samsung Electronics y SK Hynix han recibido permisos similares para continuar sus operaciones en China. La iniciativa sugiere un patrón en el que se prioriza la supervisión continua sobre la autorización general, lo que permite el funcionamiento sin propiciar bruscas alteraciones en la capacidad de producción.
El cambio de política refleja un delicado equilibrio: por un lado, pretende frenar la transferencia de tecnología avanzada a China; por otro, busca evitar una interrupción drástica en el suministro global de semiconductores. Anteriormente, había una mayor flexibilidad operativa, beneficiándose de un estatus especial. Ahora, con las licencias anuales, EE. UU. conserva un control más riguroso, permitiéndose revisar y ajustar las condiciones anualmente.
La administración estadounidense busca un modelo de «continuidad condicionada», especialmente para tecnologías no punteras. Esto implica una vigilancia más estrecha de cómo las empresas operan dentro de China, asegurándose de que se mantenga el status quo sin que haya avances significativos en las capacidades tecnológicas del país asiático.
Aunque este modelo de licencias anuales puede parecer un endurecimiento de las políticas, en realidad promueve una reducción de la incertidumbre extrema. Las plantas chinas, al depender de renovaciones, quedan expuestas a las fluctuaciones geopolíticas, pero el mensaje es claro: la cadena de suministro seguirá operativa, aunque bajo una observación constante.
Mientras tanto, para 2026, el sector podría enfrentar más regulaciones, pero con menos riesgos abruptos. Las plantas en China tendrán que planificar bajo esta nueva normativa, manteniendo un ojo sobre el entorno político internacional. La pregunta que queda es cómo se definirán y revisarán las condiciones específicas para cada empresa y tecnología, y si este enfoque resistirá las futuras tensiones entre EE. UU. y China.
