El futuro de Intel podría enfrentar un cambio significativo ante la posibilidad de que la Administración Trump adquiera una participación en la compañía de semiconductores. Este potencial movimiento refleja un interés creciente por parte del gobierno en intervenir en industrias consideradas estratégicas.
La discusión sobre esta posible inversión surgió tras una reunión entre Donald Trump y Lip-Bu Tan, CEO de Intel. Durante el encuentro, el expresidente habría solicitado la dimisión del directivo debido a sus inversiones en empresas tecnológicas chinas con vínculos militares. Aunque no hay confirmación oficial, el simple rumor provocó un aumento del 7,38% en las acciones de Intel en el mercado.
Este tipo de intervención del Estado en una corporación privada a tal escala es poco común en Estados Unidos. Sin embargo, en un contexto donde rivales como NVIDIA y AMD lideran el mercado de chips para inteligencia artificial, y China avanza en la carrera tecnológica, Intel se percibe como un recurso estratégico nacional. La verdadera atracción del gobierno recae menos en los procesadores de Intel y más en su capacidad de fundición, un aspecto crucial para la seguridad nacional debido a sus acuerdos con el Departamento de Defensa.
La fábrica de semiconductores en Ohio, valorada en más de 20.000 millones de dólares, es uno de los proyectos centrales que se beneficiarían de una posible inyección de capital estatal. La entrada del gobierno podría acelerar la construcción, prevista inicialmente para completar en 2030 o 2031, permitiendo así que Estados Unidos conserve su capacidad productiva enfrentando a la competencia asiática.
El declive de Intel en el mercado, cuyo valor cayó de 288.000 millones de dólares en 2020 a 105.000 millones en la actualidad, refleja los desafíos que ha enfrentado, como la pérdida de cuota de mercado y las dificultades para innovar. La posible intervención gubernamental busca no solo detener esta tendencia a la baja, sino también proyectar confianza a nivel internacional, al presentar a Intel como un activo bajo la protección del Estado.
Sin embargo, la entrada del gobierno en la compañía no está exenta de riesgos. Podría ocasionar interferencias políticas en sus decisiones estratégicas, crear tensiones con clientes internacionales y suscitar recelos entre los inversores privados sobre la pérdida de autonomía de la empresa. Además, marcaría un cambio significativo en la política industrial estadounidense, acercándola al modelo de «capitalismo de Estado» común en China o Europa, donde el apoyo gubernamental a empresas estratégicas es habitual.
En el ámbito geopolítico, esta posible inversión se presenta como otra maniobra en la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China. Este esfuerzo por robustecer las capacidades tecnológicas nacionales pretende limitar la dependencia del extranjero en un sector que se ha convertido en clave para el poder económico y militar del siglo XXI. Washington ha estado restringiendo el acceso de China a chips avanzados y controlando las exportaciones de tecnología, y la participación en Intel fortificaría aún más esta estrategia.
En última instancia, la posible participación gubernamental en Intel podría redefinir el panorama industrial en Estados Unidos y marcar un nuevo capítulo en la competencia global por la supremacía tecnológica.
