La justicia estadounidense ha tomado acción contra tres ingenieros residentes en San José, California, acusados de conspirar para robar secretos comerciales relacionados con tecnología de procesadores móviles, en una trama que ha despertado preocupación tanto en la industria tecnológica como en los círculos de seguridad corporativa.
Los involucrados, Samaneh Ghandali, Mohammadjavad Khosravi y Soroor Ghandali, enfrentan serias acusaciones de conspiración, robo y obstrucción, todas relacionadas con la sustracción de información sensible sobre los chips SoC Tensor de Google, utilizados en sus teléfonos Pixel. Según el Departamento de Justicia, el incidente trasciende una simple filtración, describiéndose como un esfuerzo concertado para extraer y trasladar información crítica a lugares no autorizados, mientras intentaban borrar todo rastro de sus acciones.
Los documentos robados incluyen secretos comerciales sobre la seguridad de los procesadores y criptografía, material vital que podría facilitar el desarrollo de tecnologías rivales o exponer vulnerabilidades críticas. Esta acción representa un desafío significativo dentro del núcleo del desarrollo de chips, un campo donde la privacidad y la propiedad intelectual son pilares fundamentales.
El método utilizado por los acusados para extraer la información implicó transferencias a plataformas externas, movimientos de archivos a dispositivos personales y conexiones con terceros, según los informes de la fiscalía. Las hermanas Ghandali, con historial laboral en Google, y Khosravi, que trabajó en otra firma tecnológica, utilizaron dichos canales para evadir los sistemas de control y vigilancia interna, incluso llevándose documentación a Irán, poniendo en jaque la seguridad de la información corporativa.
Destaca la sofisticación de las medidas empleadas para sortear mecanismos de seguridad, como la fotografía de pantallas en lugar de la transmisión digital directa de documentos, y la posterior manipulación de datos en dispositivos personales y laborales. La fiscalía señala un punto crítico en el verano de 2023, cuando Google detectó actividad irregular y revocó el acceso a uno de los acusados, lo que llevó a intensificar los esfuerzos de ocultamiento y destrucción de pruebas.
La gravedad de los cargos se refleja en las penas potenciales que enfrentan los acusados: hasta 10 años de prisión y multas de 250,000 dólares por cada delito relacionado con secretos comerciales, y hasta 20 años por obstrucción de la justicia. Este caso ejemplifica un problema creciente al que se enfrentan las empresas: la amenaza interna, que surge cuando empleados con acceso legítimo vulneran medidas de seguridad robustas para filtrar información con implicaciones globales.
El robo de secretos comerciales en el entorno tecnológico actual resalta la importancia de los mecanismos de protección más allá del perímetro digital tradicional. Los SoC y sus capacidades, como la inteligencia artificial en dispositivos móviles, son elementos diferenciales en el mercado, pero también representan un gran riesgo si caen en manos incorrectas. El caso pone de relieve una realidad incómoda: la seguridad debe ser un esfuerzo integral que contemple las amenazas internas y externas por igual, pues la protección de la propiedad intelectual es crucial para la innovación continua y la sostenibilidad de las empresas tecnológicas.
