En el marco de una creciente hostilidad hacia los fabricantes chinos considerados una amenaza para la seguridad nacional, Estados Unidos se prepara para intensificar el cerco sobre sus productos de telecomunicaciones. Este mes, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) procederá a votar una normativa que propone nuevas restricciones a la operativa de empresas como Huawei, ZTE, Hikvision y China Telecom en el país. Dicha medida, según ha adelantado el comisionado Brendan Carr a Reuters, intentará cerrar las lagunas legales que aún permiten la presencia de estos actores en el mercado estadounidense.
La votación, programada para el 28 de octubre, forma parte de una estrategia más amplia por parte de Washington para disminuir su dependencia tecnológica de China. La propuesta introduce dos cambios clave: prohibir nuevas autorizaciones de dispositivos que contengan componentes de empresas incluidas en la denominada «Covered List» de la FCC; y permitir el veto retroactivo a la venta de productos previamente aprobados si estos suponen un riesgo para la seguridad. Esto aceleraría la eliminación de estos proveedores de las infraestructuras críticas del país.
Según Carr, la FCC también abrirá el debate sobre cómo mejorar los procesos para mantener fuera de sus redes cualquier equipo comprometido. Esta política se inscribe en un historial de endurecimiento por parte de la FCC en los últimos años, que ha prohibido a varias compañías ofrecer servicios en EE. UU., retirado certificaciones de laboratorios controlados por el gobierno chino, e iniciado investigaciones sobre varias empresas, incluidas Huawei y ZTE.
La embajada de China en Washington no ha emitido comentarios sobre esta nueva propuesta. Sin embargo, Pekín ha criticado previamente el uso de la seguridad nacional como una estrategia de EE. UU. para limitar la competencia tecnológica.
La «Covered List» es un catálogo de entidades y equipos considerados como un riesgo inaceptable para la seguridad nacional. En la práctica, el estar en esta lista implica severas restricciones para integrarse en redes y servicios de comunicaciones en Estados Unidos, y la nueva normativa podría revocar autorizaciones previas si existen indicios de riesgo.
Este giro podría ejercer presión sobre socios europeos para que adopten medidas similares. La Unión Europea ya ha instado a reducir la exposición a proveedores de alto riesgo en redes 5G, aunque la respuesta ha sido desigual. Un endurecimiento por parte de EE. UU. podría acelerar decisiones pendientes en capitales europeas.
Para los operadores y administraciones en EE. UU., la nueva normativa significaría revisar inventarios, implementar planes de sustitución y reasignar presupuestos hacia proveedores alternativos. Las empresas afectadas podrían enfrentar una pérdida de mercado y deterioro de reputación, mientras que la cadena global podría experimentar un mayor desacople tecnológico.
La votación del 28 de octubre podría ser un hito para medir el impacto real de estas medidas. Si se aprueba, la FCC detallará los procedimientos para revocar certificaciones y auditar equipos, en un esfuerzo por gestionar la transición sin comprometer la continuidad de servicio en redes críticas. El debate continuará centrándose en la seguridad nacional y las implicaciones económicas y geopolíticas de un desacople más profundo.
