La reciente adjudicación de un contrato por parte del Ministerio del Interior de España a Huawei ha generado una respuesta contundente desde Washington. Este acuerdo, valorado en más de 12,3 millones de euros, otorga a la empresa china la gestión y almacenamiento de interceptaciones judiciales, lo cual ha sido calificado por Estados Unidos como una amenaza a la seguridad de la OTAN.
La Comisión Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes ha criticado severamente a España, advirtiendo que al permitir que Huawei maneje infraestructura crítica, el país ibérico podría estar comprometiendo la confidencialidad de datos que también afectan a sus aliados internacionales. La posibilidad de que información clasificada de EE.UU. y la OTAN llegue al Partido Comunista Chino ha encendido las alarmas en el Capitolio.
El contrato incluye servidores OceanStor 6800 V5, y aunque Huawei tiene una historia de colaboración con el gobierno español, la actual coyuntura geopolítica ha amplificado las preocupaciones. Rick Crawford, presidente de la Comisión de Inteligencia, calificó la decisión como «casi inimaginable», subrayando que Huawei está obligada por ley a cooperar con las autoridades chinas, lo que podría facilitar el espionaje.
La controversia también repercute en las relaciones diplomáticas. España, como miembro de la OTAN, podría ver comprometida su participación en programas de intercambio de inteligencia si Washington decide reevaluar la colaboración bilateral. Además, han surgido críticas hacia figuras del PSOE, como José Blanco y José Luis Rodríguez Zapatero, por su supuesta cercanía con Huawei, aunque sin implicaciones legales.
Estados Unidos mantiene a Huawei en su lista negra por motivos de seguridad nacional y ve su participación en infraestructuras críticas aliadas como una «victoria geopolítica» para Pekín. La presión internacional para limitar esta influencia es cada vez mayor, y España podría enfrentar consecuencias si no reconsidera el contrato o implementa medidas de seguridad adicionales.
La situación plantea un dilema sobre la neutralidad tecnológica en Europa, especialmente en un contexto donde la competencia entre EE.UU. y China se intensifica. Para EE.UU., este asunto excede lo técnico y se convierte en una cuestión de lealtades, insinuando que España habría cruzado una línea roja al asociarse con Huawei en un área tan sensible.
