El Ayuntamiento de Little Rock ha tomado una decisión significativa que resuena con fuerza en su comunidad: la cancelación del contrato con ShotSpotter, un sistema destinado a la detección de disparos. El pasado martes, la junta municipal votó 5 a 3 a favor de poner fin a esta colaboración, un giro que representa la voz de muchos ciudadanos preocupados por los aspectos controversiales de la tecnología.
ShotSpotter, implementado inicialmente en Little Rock en 2018 gracias a una subvención federal, ha sido objeto de críticas y controversias. Mientras que el sistema buscaba optimizar la respuesta de la policía ante incidentes armados, también levantó preocupaciones sobre su eficacia y la gestión de los fondos federales que impulsaron su adopción en distintas urbes del país. Actualmente, miembros del Congreso investigan estas prácticas de financiación, presionados por organismos defensores de derechos como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que han insistido en la importancia de analizar el origen de los fondos destinados a tecnologías de vigilancia.
El contrato, valorado en 188,000 dólares, no será renovado, alineándose Little Rock con una creciente lista de ciudades estadounidenses que han optado por rechazar o replantear el uso de tecnologías de vigilancia similares. Las inquietudes sobre su invasividad y potencial para errores han alimentado el escepticismo, con acusaciones sobre vigilancia excesiva y discriminación en la aplicación de la ley.
Dentro de este contexto, la EFF ha subrayado los riesgos que implica ShotSpotter al potencialmente captar conversaciones privadas, lo que desencadena serias preocupaciones sobre la privacidad de los ciudadanos. A su vez, grupos comunitarios han jugado un papel fundamental en desafiar las promesas comerciales de la empresa, organizándose bajo iniciativas como la Coalición Nacional Stop ShotSpotter.
La decisión de Little Rock marca un precedente dentro de una oleada de distanciamiento de tecnologías percibidas como perjudiciales para las comunidades marginadas. Este avance, impulsado por la movilización comunitaria y una campaña de educación popular, envía un mensaje poderoso a otras ciudades que evalúan la implementación de sistemas similares. Little Rock ha ilustrado que con determinación y acción colectiva, es posible influir en las políticas de seguridad pública, priorizando el bien común y la protección de los derechos ciudadanos.
