La Electronic Frontier Foundation (EFF) ha intervenido en el proceso judicial del Tribunal del Distrito de Arizona para proteger el derecho a la privacidad y la libertad de expresión de los estudiantes en el contexto educativo digital. La organización ha presentado un documento de respaldo, conocido como amicus brief, en el caso de Merrill v. Marana Unified School District. Este proceso involucra a un estudiante de secundaria que fue suspendido tras la activación del software de vigilancia de la escuela, Gaggle, por haber escrito y luego eliminado un borrador de correo electrónico con comentarios humorísticos de dudoso gusto mientras se encontraba en su casa.
El caso plantea interrogantes significativas sobre el alcance de la vigilancia escolar a través de dispositivos y cuentas proporcionadas por las instituciones educativas. La EFF argumenta que la simple utilización de estas herramientas digitales no implica que los estudiantes estén «en el campus», y que es fundamental asegurarles espacios digitales privados donde puedan comunicarse sin el temor constante de ser monitorizados.
La interacción del estudiante se dio cuando, en la intimidad de su hogar y antes del inicio del horario escolar, bromeó en un borrador de correo con un lenguaje que provocó la intervención escolar tras ser detectado por Gaggle. La penalización derivó en una acción disciplinaria por parte del centro educativo, lo cual llevó a la familia a impugnar la medida alegando una violación a los derechos de libre expresión y debido proceso del estudiante.
La EFF subraya que la Corte Suprema de Estados Unidos ha sido protectora de los derechos de expresión de los estudiantes, incluso cuando no están físicamente presentes en las instalaciones escolares. El argumento central de la organización es que el uso de tecnología escolar para imponer medidas disciplinarias debe ser manejado con mesura y cuidado, sin suponer automáticamente una renuncia a la privacidad o un argumento para una censura desmedida.
La dependencia tecnológica en el ámbito educativo, marcada por la distribución de dispositivos como Chromebooks y cuentas de Google, ofrece beneficios educativos pero, según la EFF, también plantea el peligro de establecer un precedente de vigilancia constante. Este precedente podría restringir la libertad de expresión de los estudiantes y fomentar la auto-censura, afectando más a aquellos de menores recursos, que dependen en mayor medida de las tecnologías escolares debido a la carencia de opciones personales.
La EFF advierte que considerar cualquier uso de un dispositivo escolar como una actividad «en el campus» podría incentivar políticas que erosionen la privacidad, fomentando un clima de vigilancia continua con potenciales consecuencias negativas, tales como investigaciones innecesarias y la exposición de información privada. En consecuencia, la EFF hace un llamamiento al Tribunal del Distrito de Arizona para que defienda la privacidad y la libertad de los estudiantes, garantizándoles una esfera digital autónoma y libre donde puedan expresarse y aprender de sus errores sin el temor de represalias desproporcionadas.
