En un acontecimiento que ha encendido un fuerte debate sobre la privacidad y la seguridad de los datos en Estados Unidos, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha tomado cartas en el asunto, acompañada por una coalición de defensores de la privacidad liderada por Lex Lumina. La organización presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, con el objetivo de poner fin a la divulgación de información privada y sensible de millones de ciudadanos por parte de la Oficina de Administración de Personal de Estados Unidos (OPM) al nuevo «Departamento de Eficiencia Gubernamental» (DOGE), creado por Elon Musk.
La demanda, que representa a dos sindicatos de trabajadores así como a empleados actuales y antiguos del gobierno, busca no solo detener futuras cesiones de información, sino también exigir que se eliminen los datos que ya hayan sido compartidos. La acusación señala directamente a la OPM y a su director interino, Charles Ezell, por violar la Ley de Privacidad de 1974 al permitir el acceso a registros de personal a esta nueva entidad.
En el expediente legal se citan testimonios cruciales de las partes implicadas, incluyendo a representantes de la Federación Americana de Empleados Gubernamentales (AFGE) y de la Asociación de Jueces Administrativos. Entre los demandantes individuales se encuentran Vanessa Barrow, empleada del Centro Médico de Veteranos de Brooklyn, y George Jones, presidente de AFGE Local 2094. Los críticos subrayan que la OPM gestiona uno de los mayores registros de datos sensibles del país, que incluye desde información personal identificable hasta detalles salariales, registros de salud y datos financieros, afectando a millones de trabajadores federales, jubilados y personas que han postulado a puestos gubernamentales.
Históricamente, la OPM ha sido objeto de críticas por violaciones de privacidad; el incidente más destacado ocurrió en 2015 cuando una brecha de datos expuso la información personal de más de 22 millones de individuos. Según la Ley de Privacidad de 1974, existen restricciones estrictas sobre la divulgación de registros sensibles sin el consentimiento de los afectados, con el fin de proteger a los ciudadanos frente al uso abusivo de sus datos.
La demanda subraya que no hay justificación legal para que DOGE tenga acceso a estos registros, y plantea que la acción de la OPM al permitir dicho acceso sin control pone en serio peligro la privacidad y seguridad de millones de estadounidenses. EFF, con más de tres décadas luchando por los derechos de privacidad digital, ha participado en numerosos casos similares para reforzar la protección de estos principios fundamentales en la era digital.
