En un movimiento audaz liderado por la Electronic Frontier Foundation (EFF), una coalición de defensores de la privacidad ha iniciado un procedimiento legal en un tribunal federal, exigiendo que se detenga el acceso al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) a la información confidencial de millones de ciudadanos estadounidenses. El DOGE, que funciona bajo la dirección de Elon Musk, ha sido criticado por su supuesta intromisión en los registros custodiados por la Oficina de Administración de Personal (OPM). La demanda también busca que se eliminen los datos ya recopilados o extraídos por esta oficina.
La acción legal, respaldada por empleados federales individuales y sindicatos influyentes como la Federación Americana de Empleados Gubernamentales y la Asociación de Jueces Administrativos, plantea graves preocupaciones sobre la privacidad. Desde la perspectiva de la EFF, la libertad de acceso a la información que detenta el DOGE podría representar una violación significativa y sin precedentes de la privacidad ciudadana, poniendo en riesgo datos personales y gubernamentales altamente sensibles.
Cabe recordar que los registros de la OPM incluyen información demográfica, historial laboral, datos de salud, financieros y acuerdos de divulgación de información clasificada. Eventualmente, la mala administración de estos datos podría resultar en consecuencias adversas e imprevisibles para millones de empleados y solicitantes federales. El posible acceso a estos datos comprometería no solo la privacidad de los individuos, sino también información operativa de diversas agencias, protegida por leyes específicas contra la divulgación indiscriminada.
El contexto legal evoca la Ley de Privacidad de 1974, diseñada para evitar abusos relacionados con la recogida masiva de información personal sin consentimiento. Esta ley, sustentada por antecedentes de desconfianza en el gobierno, destaca la importancia de proteger la privacidad de los ciudadanos en el manejo de datos gubernamentales.
El caso también revive recuerdos de brechas anteriores en los sistemas de la OPM que comprometieron millones de registros de seguridad, lo cual fue catalogado como uno de los desastres más serios en la historia de la seguridad de datos del gobierno. La situación actual podría ser todavía más alarmante dada la naturaleza potencialmente más sensible y actualizada de la información en juego.
La intervención judicial busca una orden de restricción temporal que frene el acceso indiscriminado del DOGE a esta base de datos, en consonancia con una decisión previa que bloqueó temporalmente el acceso de la misma entidad a un sistema de pagos crítico del Tesoro.
La EFF, en su largo recorrido de 35 años defendiendo la privacidad y combatiendo la vigilancia inadecuada, se muestra firme en su misión de proteger los derechos de los estadounidenses. La organización insiste en que es crucial respetar la legislación vigente para salvaguardar la seguridad de la información personal y gubernamental, que en sus manos incorrectas podría propiciar un escenario peligroso e ilegal.