En un reciente hallazgo que ha avivado las preocupaciones sobre privacidad y libertad de expresión, se ha descubierto que el gobierno de Estados Unidos continúa con un programa de vigilancia en redes sociales dirigido a inmigrantes y visitantes extranjeros, ahora rebautizado como la Iniciativa de Evaluación del Ciclo de Vida de Visas. La información, divulgada por la Electronic Frontier Foundation (EFF) tras una demanda legal, arroja luz sobre la asignación de más de 100 millones de dólares para esta controvertida práctica.
El programa, que surgió bajo la administración de Donald Trump, mantiene su vigencia en el gobierno de Joseph Biden, y busca monitorear la actividad en redes sociales de aquellos que buscan ingresar al país, evaluando si representan una amenaza. A pesar de su cambio de nombre, sigue generando serias preocupaciones en torno al primer enmienda y la libertad de expresión, ya que podría desincentivar la expresión de opiniones contrarias al gobierno estadounidense y propiciar represalias oficiales.
La revisión de los registros revela que uno de los objetivos principales es detectar «información despectiva» sobre los solicitantes de visa, una categoría que podría incluir críticas hacia el gobierno. Desde EFF se advierte que esta práctica no solo amenaza la privacidad individual, sino que también podría conducir a etiquetaciones erróneas y discriminatorias.
Particularmente reveladores son los correos electrónicos internos que muestran cómo el gobierno ha intentado suavizar la percepción pública del programa. Un funcionario de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) reconoció que, tras recibir críticas, tanto públicas como legislativas, se optó por cambiar el nombre del programa original.
El sustento financiero del programa proviene de un contrato de $101,155,431.20 adjudicado a SRA International, Inc., una firma ahora parte de General Dynamics tras una serie de fusiones. A pesar de intentos de otras compañías por cuestionar este contrato, muchos de los detalles siguen estando censurados en los documentos hechos públicos.
Además, la EFF ha lanzado un desafío legal contra una medida del Departamento de Estado que obliga a los solicitantes de visa a registrar sus cuentas de redes sociales, calificándola de invasiva y discriminatoria. Para fomentar una mayor transparencia, se ha puesto a disposición del público la documentación relacionada con estas prácticas, abriendo un debate crucial sobre las políticas de inmigración y seguridad en el país.
