El descubrimiento de un embarazo puede desencadenar una variedad de emociones, desde la alegría hasta la incertidumbre, dependiendo de las circunstancias personales. Ante este escenario, compartir la noticia con un profesional médico o consejero se convierte en un paso común mientras se exploran las opciones disponibles.
Mientras algunas personas acuden a su obstetra o a clínicas como Planned Parenthood, otras optan por los centros de embarazo en crisis (CPC). No obstante, la privacidad de los clientes en estas instalaciones a menudo no está asegurada. Vinculados en muchos casos a organizaciones religiosas y con posturas firmemente antiabortistas, los CPC ofrecen servicios que incluyen pruebas de embarazo y asesoramiento, pero generalmente no proporcionan asistencia en salud reproductiva como el aborto o anticoncepción.
En el año 2022, los CPCs generaron ingresos cercanos a 1.400 millones de dólares, muchos de estos provenientes de fondos gubernamentales. Sin embargo, la falta de regulación y supervisión sobre cómo estos centros manejan la información personal de los clientes ha generado preocupación. A raíz de esto, el Campaign for Accountability presentó quejas a los fiscales generales de Idaho, Minnesota, Washington, Pennsylvania y Nueva Jersey, solicitando investigaciones sobre las posibles tergiversaciones relacionadas con la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro de Salud (HIPAA).
Un incidente preocupante en Luisiana subrayó la vulnerabilidad de la privacidad, donde un video de entrenamiento divulgó accidentalmente información personal de varios clientes. Este no es un caso aislado. En Missouri, un centro similar asegura proteger la privacidad bajo HIPAA, aunque su aplicabilidad es discutible.
En estados como Florida, Texas y Arkansas, se repiten preocupaciones sobre el manejo de la privacidad en los CPCs. La carencia de una normativa federal integral sobre la privacidad, que otorgue derechos de acción privada, resalta la urgencia de que los fiscales generales estatales actúen para proteger las comunidades de prácticas engañosas.
La privacidad, independientemente de las posturas sobre salud reproductiva, es un derecho humano fundamental. Los consumidores merecen transparencia y es imperativo que las autoridades aseguren la protección de la información personal, especialmente de los datos médicos sensibles.
