SAN FRANCISCO – La Fundación Frontera Electrónica (EFF) ha intensificado su lucha por la transparencia gubernamental al presentar una demanda contra los departamentos de Justicia (DOJ) y de Seguridad Nacional (DHS). La organización busca esclarecer el papel del gobierno federal en la eliminación de aplicaciones tecnológicas que documentan actividades de aplicación de leyes de inmigración en Estados Unidos.
Aplicaciones como ICE Block, Red Dot y DeICER, así como sitios web como ICE Sighting-Chicagoland, han sido retiradas tras un año de comunicaciones entre funcionarios federales y plataformas tecnológicas. Esta situación ha generado preocupación sobre la posible influencia gubernamental en la restricción de actividades protegidas por la Primera Enmienda de la Constitución.
F. Mario Trujillo, abogado de EFF, subraya la importancia de esta acción legal: «Estamos presentando esta demanda para averiguar qué fue exactamente lo que el gobierno comunicó a las empresas tecnológicas. Obtener estos registros será fundamental para determinar si los funcionarios federales cruzaron la línea hacia la coacción inconstitucional y la censura del discurso protegido».
El caso tomó un cariz público en octubre, cuando Apple retiró ICEBlock, una aplicación que permitía a los usuarios reportar actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su área. La Fiscal General Pamela Bondi se atribuyó la intervención, declarando que había exigido la eliminación de la aplicación. Apple, consecuentemente, eliminó varias aplicaciones similares, y acciones paralelas fueron emprendidas por Google y Meta.
La controversia gira en torno a los derechos constitucionales de los ciudadanos para documentar y compartir información sobre actividades de las fuerzas del orden en espacios públicos. La censura indirecta ejercida a través de terceros plantea cuestionamientos sobre su constitucionalidad, dado que el gobierno no está permitido, incluso de manera indirecta, suprimir actividades protegidas.
A pesar de las solicitudes de información presentadas el mes pasado por EFF bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA), ni los departamentos de Justicia y Seguridad Nacional ni las agencias ICE y Aduanas y Protección Fronteriza han proporcionado respuesta. La demanda de EFF busca obligar la divulgación de dichos registros para arrojar luz sobre las acciones del gobierno y salvaguardar los derechos de los ciudadanos.
