En un esfuerzo por salvaguardar los derechos humanos y la transparencia, la Electronic Frontier Foundation (EFF) ha presentado un escrito amicus curiae ante la Corte Constitucional de Ecuador, cuestionando la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Inteligencia (LOI) y su reglamento. Este desafío busca atender las preocupaciones planteadas por organizaciones no gubernamentales ecuatorianas, como INREDH y LaLibre, sobre la posible violación de derechos fundamentales.
El documento de EFF argumenta que la LOI instauró un entorno de vigilancia desproporcionada y secretismo que viola estándares constitucionales y derechos humanos interamericanos. Destacan que la ley socava los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, al priorizar intereses estatales indeterminados sobre las libertades individuales.
Una de las críticas principales es la imprecisión de términos como “seguridad nacional” y “riesgos”, que otorgan gran discrecionalidad a las agencias de inteligencia. Además, la práctica de clasificar la información por defecto como secreta, junto al control limitado sobre presupuestos y operaciones, impide una rendición de cuentas pública.
La EFF también señala que la LOI permite el acceso a datos personales sin una orden judicial, facilitando una vigilancia masiva que contradice las obligaciones establecidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este enfoque legal, según el escrito, legaliza una vigilancia indiscriminada y perpetúa la impunidad estatal.
Por estas razones, la EFF solicita que la Corte Constitucional declare inconstitucional la LOI, instando a un cambio que priorice la protección de los derechos humanos conforme a la Constitución ecuatoriana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
