La reciente imposición de sanciones por parte del gobierno de Estados Unidos a Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, ha desatado una ola de críticas internacionales. Bajo el decreto ejecutivo 14203, implementado por el exmandatario Donald Trump, Albanese ha sido sancionada por sus vínculos profesionales con la Corte Penal Internacional (CPI), acusada de llevar a cabo acciones injustificadas contra EE.UU. e Israel.
Más de 50 organizaciones, entre ellas la Electronic Frontier Foundation (EFF), han exigido la revocación de estas sanciones. Afirman que no solo afectan a Albanese individualmente, sino que también socavan el marco internacional de derechos humanos y desincentivan la labor de quienes documentan violaciones, generando un entorno hostil para los defensores de estas causas.
El informe que precedió a estas sanciones, titulado «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio», expone cómo tecnologías avanzadas participan en la violencia sistemática contra los palestinos. Albanese destaca el papel de empresas tecnológicas como Microsoft y Amazon en la infraestructura que facilita el control militar en Gaza.
La labor de Albanese, aunque no oficial para la ONU, es crucial para presionar a gobiernos por abusos a los derechos humanos. Las sanciones se verán amplificadas en la 80ª sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, dificultando su capacidad para cumplir con su mandato en Palestina. Funcionarios y expertos han expresado su inquietud, destacando el precedente peligroso que estas sanciones suponen para el futuro de la investigación humanitaria.
En una conferencia de prensa, Albanese calificó las sanciones como un intento de debilitar su misión de denuncia. Urge a las autoridades estadounidenses a revertir estas restricciones y a respetar universalmente los derechos humanos, subrayando la necesidad de un espacio para la crítica y la investigación en contextos complejos como el palestino.
