El debate sobre la identificación digital se ha intensificado en el Reino Unido tras una reciente discusión en el Parlamento. Esta fue motivada por una petición que cuenta con el apoyo de casi 2.9 millones de ciudadanos, quienes piden detener los planes gubernamentales para establecer un sistema nacional de identificación digital.
El Primer Ministro, Keir Starmer, ha defendido el esquema propuesto como una vía para simplificar la verificación de identidades mediante una identificación virtual que se almacenaría en dispositivos personales. Esta identificación contendría datos personales críticos como nombres, fechas de nacimiento, fotos, y detalles de residencia, facilitando la validación del derecho a vivir y trabajar en el Reino Unido.
A pesar de las aparentes ventajas presentadas por el gobierno, la Electronic Frontier Foundation (EFF), junto con otras 12 organizaciones de la sociedad civil, han expresado serias reservas sobre esta iniciativa. Estas organizaciones han enviado una carta a los legisladores subrayando seis preocupaciones principales: la posibilidad de que se amplíen las funciones del sistema, las violaciones a la privacidad, riesgos significativos de seguridad, la dependencia de tecnologías que podrían resultar inexactas, discriminación y exclusión, así como un incremento en los desequilibrios de poder entre el estado y los ciudadanos.
El informe conjunto advierte que los sistemas de identificación digital no solo facilitan la verificación de la identidad, sino que redefinen el acceso a servicios esenciales. Este tipo de sistemas podrían convertirse en un filtro que, más que abrir, cierra puertas a infraestructuras sociales vitales, afectando desproporcionadamente a aquellos en los márgenes de la sociedad, como los solicitantes de asilo y comunidades sin documentos, quienes ya están sujetos a un alto grado de vigilancia y riesgo.
A pesar de las protecciones propuestas, las organizaciones argumentan que ningún conjunto de medidas puede mitigar completamente los peligros inherentes a un esquema digital obligatorio que traslada el poder de los individuos hacia el estado. La presión para participar en un sistema digital no debe ser ni técnica ni social, para poder ser parte integral de la vida pública.
Con una creciente oposición, incluyendo casi 3 millones de firmas ciudadanas, los críticos del plan instan al gobierno a reconsiderar sus pasos y evitar dar luz verde a un sistema que podría socavar las libertades individuales y promover la vigilancia estatal extendida. La propuesta de identificación digital del Reino Unido enfrenta, sin duda, un camino lleno de controversia y desafíos por delante.
