El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) condenó a España por no proporcionar una indemnización adecuada en despidos improcedentes, según una decisión de marzo de 2024, subrayando que las decisiones del CEDS son vinculantes. El fallo exige reformas legislativas en España, citando que las indemnizaciones actuales no reparan adecuadamente los perjuicios sufridos ni disuaden suficientemente a los empleadores. La Convención de Viena y la Constitución Española respaldan la obligatoriedad del cumplimiento de este fallo. Expertos como Carmen Salcedo y Raúl Canosa destacan la imperatividad de acatar decisiones internacionales para garantizar la seguridad jurídica y la igualdad.
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Ejecución Imperativa de la Normativa Europea en Materia de Indemnización por Despido Improcedente: Impacto y Repercusiones en la Economía
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