Durante quince meses, la operación militar de Israel en Gaza ha dejado más de 48,000 muertos y generado un intenso debate sobre si se trata de un genocidio. Omer Shatz, abogado israelí, junto a sus estudiantes de Sciences Po, ha recopilado pruebas de incitación al genocidio por parte de altos dirigentes israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamin Netanyahu y otros siete funcionarios, en un informe presentado ante la Corte Penal Internacional. La investigación se centra en la retórica deshumanizadora contra los palestinos, figurando la incitación como un delito independiente de la realización del genocidio, lo que amplía las posibilidades de juicio internacional. Este proceso legal coincide con investigaciones en La Haya y refleja una creciente presión para que se tomen acciones legales contra figuras políticas israelíes, en un contexto de críticas a la aparente complicidad de las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos y Alemania, en el conflicto de Gaza.
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