A solo tres días del cierre del plazo para solicitar el nuevo Título de especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias, aprobado mediante un Real Decreto publicado el 3 de julio, la incertidumbre y la frustración están a la orden del día entre los profesionales del sector. Para poder acceder a este título, que prevé un acceso extraordinario para quienes ya ejercen en este campo, es requisito indispensable contar con un certificado que debe ser emitido por la Dirección General de Personal (DGP) del Servicio Andaluz de Salud (SAS).
Desde el inicio del periodo de solicitudes el 3 de octubre, que se extenderá hasta el 18 del mismo mes, es alarmante que ninguno de los solicitantes haya recibido este crucial certificado. Esta situación se ha agravado por la inoperancia del SAS, que ha demostrado una falta de preparación y eficacia ante esta nueva normativa, lo que podría llevar a una judicialización del asunto y poner en riesgo tanto el futuro de cientos de médicos como el funcionamiento del sistema sanitario.
Cabe destacar que, a pesar de que el RD se publicó en julio, el SAS ya conocía las intenciones del Ministerio desde mucho antes. Sin embargo, las instrucciones para solicitar los certificados no fueron divulgadas hasta el 12 de agosto y necesitaron ser ampliadas el 2 de septiembre. Este retraso ha evidenciado profundas disfunciones en un sistema que, desde hace años, sufre de rigidez burocrática y prejuicios ideológicos.
Las complicaciones no acaban ahí, ya que el propio proceso para obtener el certificado presenta numerosas irregularidades. Por un lado, las resoluciones que el SAS emite sobre las solicitudes no permiten recurso, incumpliendo la Ley de Procedimiento Administrativo. Además, carecen de la claridad necesaria respecto a la información sobre las jornadas y los centros, lo que dificulta que los profesionales puedan verificar los datos y, en caso de discrepancias, recurrir a la decisión. En algunos casos, incluso se ha negado la certificación por no alcanzar el mínimo de horas requerido, ignorando que los profesionales podrían completar esas horas en centros distintos al SAS.
Ante esta serie de incidencias, el SMA ha presentado formalmente al SAS todas las irregularidades observadas, demandando una solución inmediata. La situación es crítica y, si no se toman medidas correctivas, el SMA no dudará en emprender acciones judiciales para salvaguardar los derechos de sus afilados y exigir las responsabilidades pertinentes por las graves irregularidades detectadas.
La comunidad sanitaria espera una rápida intervención del SAS para evitar un colapso en el acceso a la especialidad y garantizar el correcto funcionamiento del servicio de Urgencias y Emergencias en Andalucía. En este sentido, se apela a la proactividad y compromiso del SAS para resolver esta preocupante situación antes de que sea demasiado tarde.
Fuente: Sindicato Médico Andaluz.
