La propuesta del Gobierno español para integrar a los profesionales liberales en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), eliminando las mutualidades de previsión social como opción a partir de 2027, ha desatado un intenso debate. Abogados, arquitectos, médicos e ingenieros, entre otros, se verían afectados por la reforma legislativa que busca homogeneizar la cotización al sistema público, dejando atrás una forma de cotización que ofrecía flexibilidad y ventajas fiscales.
Históricamente, las mutualidades han permitido a los colegiados gestionar sus aportes jubilatorios de manera personalizada, algo que, según el sector, está en riesgo. Desde 2023, los mutualistas deben cotizar al menos el 80% de lo que aportarían al RETA, lo que cuestiona la eficiencia económica de este modelo alternativo.
El cambio propuesto no solo afecta la planificación patrimonial de largo plazo, sino también la libertad financiera de los profesionales que se beneficiaban de la capacidad de ajustar sus contribuciones y estrategias de inversión según sus necesidades individuales. Los críticos advierten que los profesionales perderán la flexibilidad para decidir sobre sus ahorros, quedando más expuestos a las limitaciones de un sistema público de pensiones que enfrenta desafíos demográficos y presupuestarios.
Desde el ámbito fiscal, la eliminación de las mutualidades podría reducir las posibilidades de optimizar la carga fiscal a través de deducciones, lo que es especialmente problemático para aquellos con ingresos fluctuantes o proyectos intermitentes. La medida incrementa la dependencia del sistema público, algo que muchos ven como un movimiento recaudatorio más que una reforma equitativa.
La oposición política, incluyendo al Partido Popular, Vox y Junts, defiende la libertad de elección para los profesionales. Paralelamente, plataformas como Mutualistas por el Futuro están movilizándose legalmente contra lo que consideran un ataque a la diversidad de opciones en la planificación financiera.
Con 2027 en el horizonte, los profesionales deben evaluar detenidamente sus opciones. Los asesores financieros sugieren realizar auditorías patrimoniales completas y considerar incrementar las aportaciones a planes de pensiones privados antes de que las alternativas desaparezcan.
El cambio legislativo aún está en tramitación, pero las implicaciones para el sistema de pensiones español y la libertad financiera individual son claras. La capacidad para garantizar una estabilidad financiera adecuada debe ser una prioridad en cualquier estrategia económica futura.
