La reciente actuación del Gobierno socialista de España, bajo la figura de la vicepresidenta María Jesús Montero, ha dejado entrever una realidad política marcada por la falta de transparencia y compromiso con las comunidades, en particular con Andalucía. En un acto reciente, Montero no solo se lanzó contra el Partido Popular de Andalucía, responsabilizándolo de la gestión de incendios, sino que además intentó reafirmar su posición como líder del socialismo andaluz mientras promete la presentación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2026.
Sin embargo, sus afirmaciones fueron rápidamente desmentidas por el coordinador del área de Presidencia del PP andaluz, Antonio Sanz, quien subrayó que su gestión cumple con la Ley de Bomberos Forestales en la región. A este problema se suma la escasa valoración que Montero y su partido reciben en varias encuestas, situación que se explica en gran parte por su falta de atención a las necesidades de su propia tierra.
La mención de nuevos presupuestos por parte de Montero se desinfló casi de inmediato debido a las declaraciones de Oriol Junqueras, líder de ERC, quien cuestionó la capacidad de Montero para contribuir efectivamente a su aprobación. Junqueras afirmó que las cesiones del PSOE hacia el separatismo son insuficientes y distantes de lo que se requeriría para alcanzar un consenso.
Uno de los temas más controvertidos es el traspaso de la gestión de la Hacienda a la Agencia Tributaria de Cataluña, un proceso que ha sido respaldado por Montero y que ha generado suspicacias sobre el trato desigual que se otorga a las distintas comunidades autónomas. A pesar de que el avance de este proyecto se ha pospuesto a 2028, las implicaciones de los beneficios fiscales que Cataluña obtendría, comparados con las carencias que enfrenta Andalucía, no pueden pasarse por alto.
En Andalucía, la pérdida de recursos es palpable. La comunidad percibe anualmente 1.522 millones menos de lo que le corresponde, lo que imposibilita inversiones esenciales en educación y sanidad. Las carencias en servicios básicos se vuelven más evidentes en un contexto donde el Gobierno continúa priorizando acuerdos que favorecen al separatismo, en lugar de atender las necesidades legítimas de sus ciudadanos.
A medida que el Partido Popular, bajo la dirección de Juanma Moreno, aboga por la solidaridad y la equidad en la financiación autonómica, se hace evidente que el futuro de Andalucía se encuentra comprometido por decisiones que favorecen intereses a corto plazo en detrimento de los derechos y necesidades de sus habitantes. La duda persiste: ¿será que el poder político está más enfocado en mantenerse en el cargo que en realmente servir a sus comunidades?
Fuente: Partido Popular Andalucía
