En el marco de la «Semana del Copyright», se está llevando a cabo una intensa agenda de debates en torno a los principios que deberían guiar la política de derechos de autor. Varias organizaciones están explorando los aspectos cruciales de la legislación actual, con miras a asegurar que el copyright siga siendo un motor de creatividad e innovación.
En estos tiempos dominados por plataformas digitales como Netflix, Spotify y Amazon, el acceso a obras con copyright ha evolucionado hacia un modelo de «alquiler», limitando permanentemente la adquisición directa del contenido. Este modelo impone a los usuarios un conjunto de restricciones a través de complicados términos y condiciones. La contradicción radica en que, para manejar contenido digital—ya sea para revender, prestar o guardar—se requiere realizar copias, algo que la legislación actual en Estados Unidos no maneja de manera eficaz.
Con el 50 aniversario de la Ley de Derechos de Autor de 1976 a la vuelta de la esquina, se plantea la urgencia de revisitar esta normativa. Un foco de atención es la Sección 109, conocida como la doctrina de la primera venta, que otorga derechos sobre las obras adquiridas. Aunque esta doctrina sostiene que se pueden prestar o revender obras físicas adquiridas, su aplicación se limita a dicho formato, quedando el contenido digital desprotegido ante nuevas necesidades de copia o traslado entre dispositivos.
Este escenario afecta negativamente el acceso a la cultura, dejando a los consumidores bajo la sombra de las grandes compañías que dictan las condiciones para acceder a contenido cultural de todo tipo. En el pasado, la doctrina de la primera venta fue vital para el surgimiento de mercados secundarios, además de promover intercambios culturales a través de las bibliotecas y comunidades, haciendo la cultura más accesible.
Las plataformas de suscripción parecen ofrecer una alternativa económica, pero traen consigo incertidumbres. Los usuarios que desean revisar un programa o película pueden encontrarse persiguiendo el contenido entre plataformas o, en el peor de los casos, optando por versiones de menor calidad disponibles en línea.
Un destello de esperanza ha surgido en California con la implementación de la Ley de la Asamblea 2426, que obliga a las empresas a aclarar si una «compra» es en realidad una licencia revocable. Esto busca prevenir sorpresas desagradables a los consumidores si pierden acceso a su contenido adquirido. Sin embargo, a nivel federal, la protección del consumidor en este ámbito sigue siendo escasa, a pesar de las propuestas de organizaciones como EFF y Public Knowledge para establecer directrices claras.
Resolver este problema podría ser sencillo y, aunque no figure como prioridad en la agenda del Congreso, podría desatar nuevas olas de innovación, devolviendo a los consumidores el poder de ser verdaderos propietarios de sus adquisiciones en el ámbito digital.
