En comunidades de vecinos, los ruidos, especialmente los causados por ladridos de perros, son una fuente frecuente de conflictos. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) proporciona herramientas legales para abordar estos problemas, como el artículo 6, que permite a las comunidades establecer estatutos específicos sobre convivencia, incluyendo normas de silencio y restricciones sobre animales domésticos. Si estas reglas se incumplen, la ley contemplada en el artículo 7.2 permite actuar contra actividades perturbadoras. Aunque el diálogo es el primer paso para solucionar los conflictos, de persistir el problema, la comunidad puede recurrir a vías legales, amparándose también en las ordenanzas municipales sobre ruidos y tenencia de animales. Con este marco legal, se busca proteger el derecho al descanso de los residentes afectados.
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