En un contexto de creciente demanda y apoyo autonómico en España, las universidades y la formación profesional privadas han experimentado un notable auge, superando a las instituciones públicas en matrícula y expansión. El sector atrae la atención de fondos de inversión que ven oportunidades en un negocio educativo fragmentado, impulsado por la digitalización y una demanda de educación superior que el sector público no puede satisfacer por sí solo. Este crecimiento, sin embargo, suscita críticas por la posible mercantilización de la educación y su impacto en la equidad educativa. La preocupación se extiende a la enseñanza obligatoria y la educación infantil, donde se percibe un desplazamiento hacia una oferta privada costosa que no siempre garantiza calidad, alimentando el debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas para evitar desequilibrios y asegurar la accesibilidad y calidad educativa.
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