España enfrenta una crisis demográfica y económica crítica, con menos trabajadores autónomos que empleados públicos, lo que amenaza la sostenibilidad del sistema. Esta situación podría llevar a la quiebra de las cuentas públicas si no se implementan medidas radicales, aunque impopulares. El gobierno actual, con su enfoque clientelista y despilfarrador, no parece dispuesto a adoptar decisiones difíciles, mientras que futuros gobiernos enfrentarán presiones de Bruselas y ajustes inevitables. El país necesita reformas profundas y un cambio en la mentalidad colectiva, especialmente en la educación, para abordar los problemas estructurales. Sin embargo, los políticos parecen reacios a enfrentar estas realidades, mientras el sistema se aproxima a un colapso inevitable.
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