El cambio climático sigue dominando el discurso global como una de las más urgentes crisis del siglo XXI, trascediendo el ámbito ambiental para convertirse en una amenaza directa a los derechos humanos. En una reciente intervención en Ginebra, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, urgió a la comunidad internacional a revaluar sus estrategias frente al caos climático, enfatizando la insuficiencia de las medidas actuales. Turk subrayó que el fenómeno climático no afecta a todos por igual, recargando su peso sobre las comunidades más vulnerables, lo que exige una respuesta integrada que contemple tanto el clima como los derechos humanos.
La profesora Joyeeta Gupta, destacada voz en temas de sostenibilidad y copresidenta de la Comisión de la Tierra, respaldó estas preocupaciones, alertando sobre la necesidad de considerar las consecuencias del cambio climático como violaciones a derechos fundamentales. Una de las situaciones más alarmantes mencionadas fue el incremento en el nivel del mar, que ubica a pequeños Estados insulares en una encrucijada existencial. Gupta advirtió que, bajo los términos actuales del Acuerdo de París, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C podría ser inadecuado, viendo las islas dicho umbral más cercano a los 2 °C, un nivel crítico para sus supervivencia.
El desplazamiento forzado emerge como otra faceta de la injusticia climática, donde muchos se ven oblgiados a dejar sus hogares debido a condiciones insostenibles. Aun cuando la mayoría de estos movimientos son internos, la falta de reconocimiento y protección legal para los denominados «refugiados climáticos» agrava la situación.
Gupta argumenta que abordar la salud del planeta es un ejercicio de responsabilidad compartida, donde la interconexión de derechos básicos como el acceso a agua y energía debe ser prioritaria. Urge a las naciones industrializadas a intensificar la reducción de sus emisiones no sólo para el bienestar ambiental, sino también para permitir que otros ejerzan sus derechos. Al persistir en la indiferencia, la desigualdad climática profundiza las injusticias sociales.
La fragmentación del marco jurídico internacional impone otro reto en la búsqueda de justicia climática, obstaculizando la articulación de derechos humanos frente a los impactos climáticos. Sin embargo, un cambio de rumbo se avecina con la Corte Internacional de Justicia abogando por una perspectiva que incorpore derechos humanos en la estrategia climática.
Gupta insta a reconocer el derecho colectivo a un clima estable, subrayando su papel crucial para la vida diaria y la preservación de los derechos humanos. Este llamado, respaldado por las recientes declaraciones de Volker Türk en el Consejo de Derechos Humanos, sugiere que, aunque el cambio climático amenaza los cimientos de nuestros derechos, también brinda una oportunidad para una transición justa que evite perpetuar las injusticias vigentes. Sin embargo, la inacción política, alimentada por el énfasis persistente en combustibles fósiles, sigue siendo un gran obstáculo. La profesora Gupta enfatiza que superar el desafío climático requiere de cooperación global y una acción robusta, destacando la necesidad de considerar la crisis climática como un problema de bien público que exige respuestas inmediatas y decididas.








